Un número aproximado de 4.800 empresas se han acogido en la región -al 23 de abril- a la ley de protección al empleo, involucrando a cerca de 37 mil trabajadores, números que derivan del balance entregado ayer por el ministerio del Trabajo y Previsión Social. La zona tiene una participación de 7,2% en cuanto a las entidades que se acogieron ala normativa diseñada por el Gobierno, a raíz de las consecuencias económicas provocadas por las medidas para combatir el covid-19.

En cuanto a la causal, por pacto de acuerdo de suspensión, del total informado de 281.026 trabajadores a nivel país, un 7,1% corresponde a la zona, es decir, 19.953. Mientras que producto de la suspensión por acto de autoridad -relacionado con la imposibilidad de funcionar por cuarentena- están en esa condición 235.800 en todo el territorio nacional y de ellos , 16.978 (7,2%) son de la zona. Es decir, en el total son 36.931 personas, un número que no considera las sucursales de empresas que tienen su casa matriz en otra región, principalmente en la Metropolitana.

Hay que consignar que la estadística entregada por la autoridad tampoco da cuenta del tamaño de la empresa por región. "A raíz de la emergencia generada por el covid-19 en nuestro país, desde el ministerio del Trabajo y Previsión Social, nuestros grandes objetivos son promover la protección de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadores, pero también, la protección y mantención de sus empleos, lo cual queda de manifiesto en el espíritu de la ley que, gracias a la rápida tramitación de parlamentarios de todos los sectores, entró en vigencia el pasado 6 de abril", comentó la seremi del ramo, María Violeta Silva, quien agregó que la legislación no hace distinción respecto al tamaño de la empresa.

"Los trabajadores y trabajadoras que pueden ver afectados sus ingresos a raíz de la contingencia, pueden provenir de empresas grandes, medianas o pequeñas, por lo que la normativa no hace distinción alguna sobre el tamaño de la empresa que pueda acogerse a esta ley", dijo la autoridad que, no obstante, recalca que no se debe prestar para abusos.

"Tal como lo ha señalado nuestra ministra María José Zaldívar y nuestro subsecretario Fernando Arab, como Gobierno el llamado es a que esta ley sea usada única y solamente por aquellas empresas que realmente lo necesiten, y la normativa contempla duras sanciones para aquellas que hagan un mal uso de ella", recalcó.

En el contexto regional, el presidente de la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva), Ricardo Guerra, señaló que la mayor parte de los asociados está funcionando con normalidad, pero a la expectativa de lo que pueda pasar en las semanas venideras.

"Hemos conversado con la mayoría de nuestros socios y están evaluando permanente su flujo de caja para ver si se verán obligados a hacer uso de este beneficio. Acá en la región, aparte de los casos que se han conocido públicamente, la mayoría aún no entra, a la espera de lo que pueda pasar en los próximos meses", dijo el líder gremial, haciendo notar que el detalle del tamaño de las casi 4.800 empresas locales no ha sido dado a conocer por la autoridad, al igual que el de las empresas que tienen intereses en la zona pero que su casa matriz está registrada en otro territorio.

Respecto a las críticas por el mal uso de este beneficio que se podría producir, señaló que "acá en la región, al menos entre nuestros socios, no está ese ánimo, y la mayoría de las empresas está tratando de seguir funcionando para responder a sus compromisos, pero en mayo y junio se verá el impacto real sobre las empresas medianas y pequeñas que son la mayoría en nuestra zona". Eso sí. añadió, que en caso de que se decretara cuarentena total en alguna comuna de la región el escenario sin duda sería otro.

Desde el inundo de la pyme, la presidenta regional de Unapyme, Gianina Figueroa, alertó sobre la situación en algunos rubros donde muchos no pudieron acogerse porque ni siquiera tienen la posibilidad, dada su deteriorada condición, de responder a las cotizaciones de sus trabajadores, elemento indispensable para suscribirse ala normativa.

"El sector servicios, de rubros como el turismo, la hotelería, la gastronomía o el comercio de la zona, que son los que dan más empleo, su gran problema es cómo asumir un compromiso del cual tampoco hay certeza si se va a poder pagar", comentó la líder gremial, precisando que en estos rubros la economía está paralizada desde el estallido social y no hay ninguna claridad de cuándo puedan abrir. "Por eso que hemos pedido focalización en la ayuda", puntualizó.