A través de un instructivo general, la Contraloría ofició a ocho empresas consideradas estratégicas para el Estado para que entreguen información sobre las medidas adoptadas por la pandemia y el estado de catástrofe.

Las primeras firmas a las que el ente contralor requirió información fueron Metro, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), el 8 de mayo. Seis días después, la Contraloría envió el mismo instructivo con nuevos destinatarios, entre los que estaban la Empresa Nacional de Minería (Enami), la Casa de Moneda, la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer) y la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae). El 4 de junio realizó la misma solicitud de información a BancoEstado.
Dependiendo del organismo, se les dio un plazo de entre 10 y 20 días hábiles para contestar.

En específico, a estas compañías les pidieron que informen cuál es el 'plan de acción (…) respecto de la continuidad de sus operaciones, compromisos contractuales y al cumplimiento de sus funciones'.

El objetivo es que las empresas entreguen la planificación de sus actividades, con los documentos e instructivos que están difundiendo a sus empleados.

También, la Contraloría les pidió que informaran cuáles son los protocolos internos que han desarrollado para abordar las medidas de salubridad, detallando las gerencias responsables y quién es el personal encargado de difusión e implementación.

Otro aspecto por el cual la Contraloría mostró interés son las medidas en concreto que se están tomando para evitar contagios entre sus trabajadores. En caso de que no se esté entregando una protección especial, deben explicitar qué estándar están utilizando para evitar riesgos de salud entre los empleados.

En este sentido, el ente contralor pidió conocer el número de elementos de protección personal que tenían el 1 de marzo y las compras que han realizado desde esa fecha en adelante.

Dependencias y bonos

El alcance de la pandemia en estas ocho empresas estratégicas es otro elemento por el cual Contraloría se interesó. Por esto, el organismo pidió que se le informara en detalle las instalaciones que se han visto afectadas con la emergencia sanitaria y las que han dejado de operar o que debieron suspender sus actividades.

Por otra parte, se solicitó el plan de reducción de costos para dar continuidad a sus operaciones y que entreguen antecedentes sobre la asignación de bonos u otros beneficios a sus directivos y ejecutivos durante 2020 y, en particular, de los bonos entregados luego de la declaración del estado de emergencia por el Covid-19.

Desde la Contraloría señalaron que 'los requerimientos se enmarcan en el levantamiento de información para sus procesos de fiscalización (...). Atendido el carácter estratégico de la información solicitada, aquellas que han sido recibidas se encuentran en análisis para la planificación de futuras auditorías'.

Consultado Famae por este requerimiento, indicaron que están trabajando 'para mantener la operacionalidad del material acorazado del Ejército y vehículos que son utilizados en las tareas de seguridad y control durante la duración del estado de excepción por Covid-19'.

Agregaron que están trabajando, además, en 'productos como el alcohol gel, alcohol tipo desinfectante, prototipo de sanitizador UV y hasta en la participación en un programa de acopio logístico de cajas de ayuda'.

En tanto, desde EFE explican que 'a pesar de esta gran disminución (de usuarios), hoy el 40% de nuestros pasajeros diarios son trabajadores de la salud, servicios públicos, farmacias o del rubro de alimentación'. Entre las medidas de protección señalan que está la sanitización de trenes y la 'suspensión de todos los viajes nacionales, salvo aquellos imprescindibles para mantener la operación'. En cuanto a las medidas para los trabajadores, se implementó el 'teletrabajo con turnos rotativos de 14 días para grupos de colaboradores de apoyo a la operación'.

Enap indicó que desde marzo comenzaron 'a tomar medidas para enfrentar los efectos de la pandemia y confeccionó un plan con tres focos o prioridades. Primer foco, cuidar la salud y seguridad de los trabajadores. El segundo foco, asegurar el abastecimiento de combustible. Y el tercer foco, disminuir las pérdidas, de modo de ahorrar recursos al Estado'.

Aparte de estas ocho empresas, el 4 de junio la Contraloría también pidió información al Ministerio de Obras Públicas. Requieren saber si existe algún programa que se relacione con los efectos de Covid-19 en la 'construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de las obras públicas a su cargo'.