Mercado de lágrimas

Alguien se enriquece con el llanto de quienes protestan en Colombia. Cuanto más conmocionados estén el país y el mundo, más gases lacrimógenos y elementos antimotines compran los gobiernos. La industria de las llamadas armas “no letales” y “menos letales” crece con nuestro infortunio. De acuerdo con Allied Market Research, las ventas de municiones “menos letales” llegarán globalmente a 9.000 millones de dólares en el año 2022.

Otra proyección de Markets and Markets señala que los productos que más venderán los fabricantes de armas “menos letales” serán: primero, balas de goma para dispersar multitudes; segundo, “bean bag rounds”, es decir munición tipo “bolsa de fríjoles” como la usada para matar al joven Dilan Cruz; y tercero, gases lacrimógenos.

El mayor proveedor de gases lacrimógenos para Colombia es una compañía llamada Imdicol. De acuerdo con el portal de las Fuerzas Militares, entre los clientes de Imdicol están los ministerios del Interior y Defensa, la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea e Indumil. El variado portafolio de Imdicol incluye tanquetas, blindados antimotín, equipo antimotín y material reservado “no letal”.

Sin embargo, Imdicol es apenas un intermediario que gana comisiones de venta. La empresa que produce el gas lacrimógeno y que se lucra en grande con el comercio de estos artefactos funciona en Estados Unidos. Se llama Combined Systems Inc. Está establecida en Jamestown, un pueblo de Pensilvania con menos de 700 habitantes, 230 de ellos empleados por la compañía armamentística “no letal”.

Los dueños de Combined Systems son dos gigantescos fondos de inversión estadounidenses con intereses en muchos sectores incluyendo el de defensa: Point Look Out Capital Partners y The Carlyle Group. Para este último han trabajado el expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush, su hijo el expresidente George W. Bush y el exsecretario de Estado James Baker, entre otros.

Mientras el Gobierno de Colombia es cicatero con los presupuestos para la educación o la salud, paga sin chistar por las armas antidisturbios.

Uno de los contratos entre el Fondo Rotario de la Policía Nacional y los representantes de Combined Systems Inc, muestra cuánto pagan los contribuyentes colombianos por elementos antimotines como gases lacrimógenos, granadas de humo, explosivos luminosos o dispositivos de aturdimiento.

Cada vez que el Esmad lanza una granada de mano de gas lacrimógeno nos cuesta 79.620 pesos con 32 centavos. Por cada granada de humo pagamos 84.194 pesos con 94 centavos. Cada dispositivo de emisión de luz y sonido es un desembolso de 81.024 pesos con 52 centavos. Cada dispositivo multiimpacto nos vale 93.144 pesos con 63 centavos. Cada vez que suena un estruendoso dispositivo de aturdimiento múltiple los colombianos perdemos 106.046 pesos con 72 centavos.

Ustedes pueden ver en semana.com un listado detallado de precios, tomado de un contrato entre el Estado colombiano y los representante de Combined Systems Inc. El contrato está firmado por el actual director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, quien para ese momento era director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

Le pregunté a un alto oficial de la Policía si existía un cálculo de cuánto habían gastado en gases y proyectiles “menos letales” durante las actuales protestas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Al final me dijo que sería como pedirle cuentas a los bomberos por el agua que usan para apagar un incendio.

Acepto la metáfora pero pienso que la represión no ha servido para mitigar el fuego de la protesta sino para alimentarlo.

Hace seis años, en 2013, escribí una columna llamada ‘Para llorar’ sobre los beneficiarios reales de la industria de la represión. Por cierto, los costos de los elementos antimotines han subido mucho de ese tiempo para acá. La conclusión de esa columna y de esta es la misma:

Al final ellos se quedan con la plata y nosotros con las lágrimas.

P.D.: El 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad. Colombia tiene una vieja deuda con las personas con limitaciones.