Como si la industria de casinos de juego no estuviera ya convulsionada por los efectos de la paralización que está dejando el covid-19, hoy se abrirá un nuevo flanco de disputa. La operadora Marina del Sol, vinculada al grupo canadiense Clairvest y a la familia Imschenetzky, acudirá a la justicia con una demanda en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y del Estado.

Con la acción busca que se le respete su 'derecho preferente' para renovar la licencia de su casino ubicado en la Región del Biobío, bajo las condiciones de la ley original de 2005, y que, por tanto, no debe considerarse una oferta económica en ese proceso. Esta discusión se da en el marco del proceso de licitación que está recién comenzando, debido a que las licencias de operación de casinos de la llamada 'nueva industria' empezarán a vencer próximamente. En el caso puntual de Marina del Sol, su permiso actual rige hasta el 13 de noviembre de 2023.

El problema que denuncia Marina del Sol es que, de acuerdo a las bases técnicas que están en consulta del proceso de licitación que viene —cuyo plazo de observaciones vence el próximo lunes—, la autoridad está considerando la existencia de una oferta económica, lo que no procede, según este operador de casinos. Esto porque si bien en 2015 hubo una reforma a la Ley de Casinos de 2005 —que fue la que dio origen a la nueva industria—, se mantuvo un inciso fundamental, en que se explicita que 'los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento'. O sea, a ojos de la demandante, pese a la reforma hecha en 2015, el texto aseguró explícitamente el derecho adquirido de renovar el permiso en la condiciones de la ley originaria (la de 2005).

'La superintendencia no está aplicando este inciso y como no lo hace, pretende someter la renovación del derecho de Marina del Sol a las reglas nuevas de 2015, en circunstancias que de acuerdo a ese inciso, debe aplicar las normas originales', enfatiza Mario Rojas, abogado de la compañía. Para Marina del Sol, todo esto tiene un efecto muy práctico: junto con no proceder para esos permisos otorgados anteriormente a la reforma que se les pida oferta económica (recaudación estatal), para postular a la renovación, sí corresponde que se ponderen otros mecanismos para competir. Uno trascendente apunta a que se le considere la inversión materializada —US$ 88 millones iniciales y otros US$ 19 millones desarrollados durante la operación—, lo que entrega puntajes, tanto por la inversión en sí misma como por desempeño operacional, explica Rojas, del estudio Rojas y Cía.

'Si uno hubiera sabido que al renovar el permiso iba a tener que hacer oferta económica al Estado, parte de esa plata la hubiera guardado para eso', explica el abogado, quien enfatiza que debe haber protección de la inversionista extranjera presente en la compañía. Esta discusión sobre la pertinencia de la oferta económica —explica Rojas— ya fue planteada por otro operador, el que tras consultar a la SCJ y obtener un rechazo, optó por recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, a través de un recurso especial.