Fue Javier Martínez, presidente de Enjoy, quien puso la voz de alerta al plantear que, a raíz de los números rojos registrados durante los últimos meses debido al doble golpe que representan el estallido social y el coronavirus, era necesario ejecutar una revisión de las fechas de entrada en vigencia de las nuevas concesiones de casinos de juegos que la firma se adjudicó en el proceso 2018, entre ellas, el de la sala de juegos viñamarina, licencia que la familia Martínez posee hace 45 años.

"Hemos ido sorteando cada uno de los obstáculos que hemos tenido que enfrentar para poder realizar los proyectos, pero claramente dada la realidad actual del país, se hace necesario reevaluar los plazos exigidos y las fechas de inicio de las licencias", precisó el presidente de Enjoy en la memoria 2019 de la compañía.

Las condiciones de la nueva concesión del Casino Municipal de Viña del Mar obligan a Enjoy a la modernización de todas las máquinas de azar, hacer• mejoras importantes a los espacios del recinto de juegos, así como a las áreas verdes del entorno. El punto más relevante se refiere a que la firma debe pagar por 15 años consecutivos a la municipalidad de la Ciudad Jardín una cuota anual mínima de UF $596.170 (equivalentes a más de $17 mil millones).

Sin embargo, a raíz de las pérdidas económicas del último mes debido al cierre de sus casinos a nivel nacional, como medida sanitaria para evitar la propagación del covid-19, Enjoy inició un proceso de reestructuración económica que incluyo desvinculaciones, una rebaja en los sueldos de gerentes y ejecutivos, así como se acogió a la ley que permite la suspensión de sueldos a sus trabajadores durante el periodo en que se extienda la cuarentena.

ACTUAL ESCENARIO

Estos números rojos han afectado de manera directa a ciudades como Viña del Mar, en donde el casino aporta el 40% del presupuesto municipal.

"Durante marzo el municipio dejó de percibir• casi $ 800 millones porque el casino está cerrado y para abril se espera un escenario similar", reconoció el concejal Jaime Varas (UDI), presidente de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal viñamarino, quien dijo que el contrato establece un cambio clave en la forma en que Enjoy paga al municipio, pasando de la modalidad mensual a la anual y que las expectativas son que cada año ingresen $ 24 mil millones por este concepto a las arcas consistoriales.

Sobre el cambio a las fechas de inicio de la nueva concesión de Enjoy, el director del Departamento de Concesiones del municipio de Viña del Mar, Mario Araya, expuso que "es un tema que la Sociedad Casino del Mar S.A. tiene que plantear directamente a la SCJ (Superintendencia de Casinos de Juego), materia en la que el municipio no tiene injerencia. Dicho eso, la municipalidad espera que dentro de los plazos fijados por la Superintendencia, el nuevo operador al cual este organismo adjudicó, pueda iniciar la explotación del recinto".

En tanto, y respecto a posibles pérdidas económicas que el municipio podría sufrir debido a la petición de Enjoy con respecto a poder reestructurar las licitaciones asignadas, Araya explicó que "el municipio no se ve afectado desde el punto de vista económico por el cambio de sistema, pues el monto de los ingresos no va tener mayor variación en cuanto a montos, en la medida que la emergencia provocada por el covid-19 se haya superado y la SCJ autorice la reapertura y funcionamiento de los casinos".

RECHAZO DE CONCEJALES

Sin embargo, y pese al optimismo municipal, los concejales de Viña del Mar• se mostraron reticentes a una posible reevaluación de las condiciones del nuevo contrato que comenzaría a regir a partir de septiembre, precisando que dichos convenios son a "largo plazo", y que por lo tanto, contingencias como las del coronavirus pueden volver a repetirse.

"Pensar en el aplazamiento de la puesta en vigencia de la nueva licencia llevaría implícito una pérdida de ingresos ya considerados para este año en el presupuesto de la ciudad", advirtió el concejal Rodrigo Kopaitic (RN), precisando que "las soluciones a nivel país en el ámbito económico han contemplado la postergación de pagos pero, en ningún caso, la condonación de las obligaciones legalmente adquiridas".

En este punto, el edil fue categórico al precisar que "el no percibir estos ingresos acarrearía a la ciudad un trastorno económico muy difícil de solucionar y con grandes implicancias en el gasto social".

Preocupación que fue compartida por la concejala Marcela Varas (PPD), quien comentó que "es importante saber qué está sucediendo porque hemos tenido algunas señales poco auspiciosas particularmente respecto a los pagos pendientes con el municipio, los despido de trabajadores, así como también la baja sistemática en los recursos para efectuar la mantención adecuada del establecimiento".

En tanto, el concejal Sandro Puebla (Indp./ProPS), fue tajante al precisar que "no estoy de acuerdo con que se postergue la entrada en vigencia de la nueva concesión, además no estoy seguro que legalmente se pueda. Además, la concesión es a largo plazo y puede estar expuesta a este tipo de contingencias, las cuales el concesionario debe asumir".