RAÚL ÁVILA FORERO

Competitividad

El más reciente informe presentado por el Consejo Privado de Competitividad sugirió ocho recomendaciones clave basadas en reformas institucionales, estructurales y de modernización que necesita Colombia. Sin embargo, el desempleo, la productividad y las pensiones se forjan como nuestro principal talón de Aquiles en aras de mejorar los indicadores.

Raúl Ávila Forero, Raúl Ávila Forero
25 de noviembre de 2019

Ya son más de 12 años en los que el Consejo Privado de Competitividad (CPC) presenta a la nación su riguroso Informe Nacional de Competitividad para mostrar los avances, atrasos y retos del país en esta materia, para promover la generación de resultados que permitan superar brechas y buscar ser más eficientes y eficaces en aras de un desarrollo productivo y empresarial con alto valor agregado. Año tras año, nos han presentado los progresos que ha tenido Colombia, pero también las constantes problemáticas que no hemos podido superar.

En octubre del año pasado, Rosario Córdoba, presidente del CPC, presentaba el lanzamiento del Informe 2018-2019 manifestando que, si no se acelera, no se avanzará en temas de competitividad. Para entonces, resaltaron un enfoque en el aumento de la productividad para lograr un mayor crecimiento en el país, de tal forma que pudiera ser sostenible para brindar un verdadero bienestar a toda la ciudadanía. 

A inicios de este mes, el CPC nuevamente pasó revista sobre el estado actual de la competitividad para el periodo 2019-2020. A 10 años de un periodo de estancamiento, caracterizado por una caída general en los principales indicadores de competitividad a nivel mundial, este año Colombia logró avanzar en 10 de sus 12 pilares, destacándose en expectativa de vida, inflación y conectividad vial.

Así, a manera de ejemplo, nuestro país subió tres posiciones en el Índice Global de Competitividad del FEM, ocupando el lugar 57 entre 141 economías. Sin embargo, se concluye que el país debe mejorar en aspectos de eficiencia del Estado, disminución de la corrupción y trabajar más en temas de infraestructura de transporte.

Dentro de los datos destacados en el informe del CPC, se percibe que Colombia aún no relaciona la competitividad con la educación. El 44 % de la población económicamente activa solo cuenta con una educación secundaria o menos. Esto implica que al menos la mitad de los ocupados tengan ingresos laborales iguales o, incluso, inferiores a un salario mínimo.

Por otra parte, si bien se han visto notables avances los últimos 10 años en tema de infraestructura para mejorar la conectividad a lo largo y ancho del país, aún estamos por debajo de América Latina (73) y del promedio Ocde (84), con un puntaje de 65. Una dificultad muy seria que se presenta en el tema, es la continua intervención en los precios de transporte de carga que genera diversas ineficiencias en el sector, siendo muy sensible y volátil el tema de los costos.

Y aunque tenemos diversos ejemplos de talla mundial de las bondades que trae la innovación para impulsar la competitividad, Colombia sigue sin acoplar esta misma tendencia. Las inversiones en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) solo fue del 0,6 % del PIB, mientras que el promedio regional fue del 1,2 %. Por ende, no se logró siquiera avanzar en la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que estipulaba llegar al 1 % del producto interno bruto.

No obstante, al inicio del informe, el CPC afirma que es intolerable pasar por alto problemas que, si bien tienen efectos adversos, tienen alternativas de solución. Infortunadamente, no han tomado la suficiente relevancia por temas como choque de intereses, falta de voluntad política y restricciones fiscales que obstaculizan su oportuna implementación, llevando a que estos se aplacen hasta un tiempo que llega a ser indefinido.

Por ejemplo, el gobierno aún se hace el de la vista gorda con el tema de la jubilación. Es intolerable el hecho de que solo uno de cada cuatro colombianos, en edad de jubilarse, pueda recibir una pensión. Y para colmo de males, la mitad de los pensionados se encuentran en el 20 % con mayores ingresos de la población, mientras del 20 % con menores ingresos solo representan el 0,2 % de los jubilados. 

Incluso, si se le suma la inequitativa e injusta distribución de los subsidios pensionales, en donde los de salarios más altos salen ganando dado que al segmento se le destina casi el 40 % de estos subsidios, la brecha se profundiza aún más. Una reforma pensional se presume como urgente para cambiar esta situación, pero en el discurso prevalece la necesidad de aumentar la edad para pensionarse. Como raro, una solución que no resuelve el trasfondo de la problemática.

Asimismo, Colombia mantiene la segunda tasa de desempleo más alta en la región latinoamericana, a pesar de tener una de las más altas tasas de crecimiento regional. El 47 % de los ocupados en nuestro país han sido clasificados como “vulnerables”. En concordancia, se sabe también que la informalidad laboral no cesa, alcanzando por ahora el 64 %; de hecho, es un problema que se extiende a nivel empresarial, puesto que el 60 % del total de empresas se consideran como informales.

Pero ¿qué debería hacer el país para ser más competitivo? En la presentación del informe del CPC se destacaron puntos vitales como reformar el Código Sustantivo del Trabajo para superar la obsolescencia normativa, implementar mecanismos de evaluación docente, diseñar e implementar una reforma pensional, y un programa integral de vías terciarias potenciando y fortaleciendo la infraestructura multimodal, modernizar la política en temas de protección de libre competencia, establecer una autoridad de coordinación para mejorar la supervisión regulatoria, modernizar la Dian y reformar la institucionalidad ambiental.

Pese a múltiples recomendaciones, los temas de desempleo, pensiones, y me atrevería a sumarle temas de educación y CTI, parecen seguir como constantes intolerables. Ignorarlas solo nos va a mantener como un país que sigue buscando la receta ideal para potenciar las políticas que logren mejorar el panorama general, y aumentando el bienestar general, sin aún lograrlo con los resultados anhelados.