La aerolínea Latam, la mayor de América Latina, ha anunciado que se acoge al Capítulo 11 de la ley de quiebras norteamericana, con lo cual la empresa busca un mayor margen para reorganizar sus finanzas y reestructurar su deuda, al tiempo que continúa operativa. La causa directa de la decisión es la pandemia del Covid-19, que ha golpeado con especial dureza a algunas industrias estratégicas, como el transporte aéreo, en Chile y en todo el mundo.

En este caso, obligada a mantener la mayor parte de su flota en tierra, la aerolínea tomó una serie de medidas para bajar sus costos y continuar siendo viable (reducción de sueldos, planes de salida voluntaria, despidos), pero a pesar de ello la inactividad forzosa supuso una carga que volvía aconsejable recurrir al proceso de reorganización estadounidense. Más aun considerando que es imposible prever cuánto se prolongará esta crisis.

Lo anterior de inmediato puso en discusión la conveniencia de que el Estado chileno brinde ayuda a una empresa como ésta, que además de servir una necesidad estratégica como la conectividad aérea, genera 10 mil empleos directos y 200 mil indirectos, y sostiene una cadena de valor en la que participan más de 2.000 empresas proveedoras. Con severas repercusiones adicionales en sectores relacionados como el turismo o la gastronomía (también importantes generadores de empleo), o las exportaciones agrícolas y la minería, entre otros.

El Gobierno ha manifestado que una eventual ayuda estatal —cuya forma y condiciones requieren un cuidadoso análisis— pondría el foco en esas variables (es decir, no en 'rescatar a los dueños', como han criticado algunos sectores). Es claro que cualquier ayuda con recursos públicos debe recibir una forma de compensación de parte de la empresa, para evitar incentivos perversos. El ingreso del Estado a la propiedad de la empresa es una alternativa que ya se ha mencionado, pero incluso fijando claras restricciones de tiempo y alcance para una medida tan excepcional, parece la opción menos indicada y más problemática.