La concesionaria del aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel -controlada por firmas francesas-, no solo ha expuesto al Ministerio de Obras Públicas (MOP), las dificultades económicas por las que atraviesa producto de la fuerte baja en el flujo de pasajeros por la pandemia. La firma también acudió al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, con quien se reunió por viodeoconferencia el pasado 26 de agosto para presentarle su compleja situación.

La concesionaria y sus accionistas buscan socializar con el Gobierno su actual escenario y, a la vez, ha manifestado públicamente que una de las soluciones es que se extienda el tiempo del contrato de concesión que partió en 2015 por un plazo de 20 años, construyendo obras para duplicar la capacidad del principal terminal capitalino a 30 millones de pasajeros. Sin embargo, dicha pretensión no ha logrado una buena acogida en el MOP.

Los accionistas de Nuevo Pudahuel son Aéroports de Paris (45%), ligada al grupo ADP, uno de los mayores operadores mundiales de aeropuertos cuyo 50,6% está en manos del Estado de Francia; la firma francesa Vinci Aiports (40%) y la italiana Astaldi (15%).

Consultada por la reunión con el ministro -solicitada por Ley del Lobby-, la concesionaria señaló que 'efectivamente sostuvimos una reunión con el Canciller Allamand para presentarle la grave y compleja situación que atraviesa Nuevo Pudahuel'.

Según indicó la firma, en la cita participaron Xavier Lortat-Jacob, gerente general de Nuevo Pudahuel; Fernando Echegaray, CEO de operaciones internacionales del grupo ADP; Christophe Pélissié du Rausas, vicepresidente de desarrollo de negocios del grupo Vinci, y Susana Jiménez, directora de Nuevo Pudahuel.

El operador del terminal aéreo agregó que al ministro 'le comunicamos y compartimos nuestra visión, que la concesión del aeropuerto Arturo Merino Benítez no puede ser vista como un negocio más que ha sido afectado por la pandemia. Es una alianza público-privada, donde los inversionistas construyen, invierten -más de US$ 1.000 millones- y operan un bien público por un tiempo limitado, el cual es la primera entrada de extranjeros por turismo o negocio al país'.

Hace unos días, el gerente general de Nuevo Pudahuel, Xavier Lortat-Jacob, indicó a 'El Mercurio' que entre abril y septiembre la concesionaria registró una pérdida de 90% anual en los ingresos, los que este año no alcanzarán a cubrir los costos de operación. 'A esto se suma que hemos dejado de recibir a 15 millones de pasajeros por las medidas sanitarias impuestas por la autoridad. Esto, y la falta de definiciones oportunas, podría llevar a la concesión a la inviabilidad económica si ninguna medida de emergencia es activada por el Gobierno', sostuvo.

En 2019, el aeropuerto recibió a 24,6 millones de pasajeros, cifra que se reducirá a apenas siete millones este año. Para 2021 proyecta 13 millones de viajeros.

La concesionaria visualiza que uno de los riesgos para Chile es perder 150 millones de pasajeros de un total de 690 millones proyectados para los próximos años. A esto se sumaría pérdida de conectividad por la cancelación de operaciones de aerolíneas, desempleo, entre otros.

El complejo escenario económico que afecta a estos concesionarios de aeropuertos fue recogido esta semana por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), gremio que afirma que se debe velar por el equilibrio económico de los contratos, no solo de Nuevo Pudahuel, sino de todos los terminales que estén en dificultades, y propuso al MOP extender los plazos de estas concesiones.

Ayer, hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de la reunión con Nuevo Pudahuel. En tanto, el MOP fue consultado sobre la petición del concesionario y de la CChC, pero no se refirió al tema.