Los llamados al gobierno para que acuda en ayuda de las pequeñas y medianas empresas se multiplican hoy en Chile, en medio de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid 19.

En los últimos días son muchos los sectores que han dado cuenta de la difícil situación que se les viene encima y reclaman medidas más efectivas del ejecutivo para proteger a la economía en general y a los que están más expuestos a los efectos de la recesión.

El gobierno anunció hace semanas un programa por unos 11 mil millones de dólares, que numerosos economistas, académicos y políticos lo califican de positivo, pero parcial a corto plazo y con fuerte tendencia a beneficiar al gran empresariado dejando en desventaja a los más necesitados de apoyo.

Mientras, los efectos de la crisis se sienten cada vez con más fuerza, y en el turismo, donde la gran mayoría de las empresas son medianas y pequeñas, se prevé una reducción de la actividad que la retrotraerá, según organizaciones del ramo, a los resultados de 2014.

La Asociación Chilena de Gastronomía, que mantiene sin funcionar cines, bares restaurantes y discotecas desde el 20 de marzo, señaló que muchos cerrarán definitivamente, poniendo en riesgo 150 mil puestos de trabajo y el sustento de miles de familias.

Su presidente, Máximo Picallo, alertó que deben seguir pagando arriendos, servicios básicos y créditos, mientras que los bancos no les brindan facilidades, pues consideran al sector como de alto riesgo.

Los distribuidores de combustibles, muchos de ellos negocios familiares, no lo pasan mejor, pues en las zonas de cuarentena han tenido una caída del 90 por ciento en las ventas, y del 50 por ciento en el resto del país.

En cuanto al importante ramo de la construcción, los gremios prevén que al cierre de 2020 se hayan perdido 75 mil puestos de trabajo.

Ante tal panorama, este martes 11 presidentes de partidos de oposición -desde el Comunista hasta la Democracia Cristiana- presentaron al ejecutivo un plan económico que incluya el apoyo a familias, un nuevo pacto fiscal, protección del empleo y los sueldos, postergar pagos y prohibir el corte de servicios básicos y respaldar a las Pymes.

Los firmantes señalaron que la crisis sanitaria puede desembocar en la crisis económica más grave de la historia de Chile, y a la máxima prioridad de cuidar la salud de las personas es imprescindible que una vez pasada esta etapa los puestos de trabajos no hayan desaparecido, para lo cual se requiere un plan fiscal de gran envergadura.

El plan, de nueve medidas, plantea resguardar los ingresos de las familias con una Renta Básica de Emergencia, Seguro Familiar u otro instrumento, y promover un proyecto de ley de apoyo que incluya préstamos con aval del Estado a las pequeñas y medianas empresas.

También llama a prohibir el despido de trabajadores, y de ser necesario, salvar de la quiebra a empresas estratégicas para el país mediante inyección de recursos a cambio de adquisición por el Estado de participación en el mayor valor de las empresas rescatadas.

Los firmantes admiten que un plan de estas características requiere un financiamiento sin precedentes, pero el país -plantean- tiene condiciones para enfrentarlo debido a los ahorros logrados y condiciones de endeudamiento, y llamaron a «ocupar de manera enérgica e incluso agresiva» su capacidad fiscal.